Revelan el “modus operandi” de la red de extorsión en verificentros
Por medio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se pudo identificar las prácticas extorsivas de un complejo entramado criminal que opera en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México, así como en perjuicio de los ciudadanos que acuden a estos sitios con el propósito de cumplir con lo señalado en el programa obligatorio.
Denuncias ciudadanas y actos de investigación de campo y gabinete establecieron en el modus operante la probable intervención de servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, sobre todo aquellos con facultades para la expedición y autorización de licencias, permisos y revalidación de funcionamiento de verificentros, también se cuenta con indicios de la intervención de ex servidores públicos y particulares.
Se ha acreditado en expediente de investigación, que el entramado extorsivo operaba al menos desde diciembre del 2023 e incluía la imposición de cuotas a los concesionarios de los verificentros por el número de verificaciones realizadas, a ello sumaron cuotas por cada “línea” de verificación y por otras actividades.
Las indagatorias advierten que, para lograr cubrir las exigencias extorsivas, los concesionarios trasladaron parte de ellas a los usuarios de los verificentros de manera tal que proliferaron la práctica de “pagos por brincos (evitar la multa) cuando los vehículos no pasan las pruebas o verificaban de manera extemporánea”.
La investigación estableció que, es el factor humano el que vulnera su óptimo funcionamiento ya que simplemente puede ser desactivado y vuelto a activar, con propósitos delictivos, desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente.
Entre los modus operante que utilizaban como medida de presión, también se limitaba la venta de hologramas a los verificentros de manera que, al agotar el número de engomados que la autoridad ambiental les aprobaba unilateralmente, estos sitos ya no podían continuar su funcionamiento a menos que cubrieran las cuotas extorsivas, momento en que les entregaban más hologramas.
Ante el temor de no lograr la revalidación, el bloqueo del sistema, no obtener hologramas u otras amenazas, algunos de ellos se vieron obligados a aceptar el pago de “cuotas” de entre 30 y 100 mil pesos, acorde al número de verificaciones que cada centro podía realizar.
Los recursos producto de la extorsión habrían sido entregados en efectivo en diversos lugares de los que destacan oficinas privadas ubicadas en la colonia Bosques de Las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, así como domicilios en la alcaldía Cuajimalpa, ambos en la Ciudad de México.
Bajo esta hipótesis, entre el 10 y 14 de agosto pasados, la Fiscalía del Estado de México, aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular, dos de los cuales se encuentran ubicados en el municipio de Nezahualcóyotl, el resto en Almoloya de Juárez, Coacalco, así como Tlalnepantla y se llevan a cabo indagatorias sobre otros establecimientos que comenzarían a funcionar con las “concesiones modificadas”.
