Alebrijes en Cuadratines

Reforma electoral a la 4-T

A lo largo de la semana se han dado a conocer reacciones a la propuesta de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y, a pesar de no existir una propuesta concreta, se han generado gran cantidad de opiniones tanto en favor como en contra.

Sin embargo, existen una serie de situaciones que por el momento pueden anticipar que el proyecto resultaría ser una actualización de los llamados planes “A” y “B” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en abril de 2022 pretendía convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir de once a siete los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales.

Igualmente pretendía abaratar el costo de la democracia para tener ahorros por más de veinte mil millones de pesos, por lo cual pretendía que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de todas las elecciones en el país, al absorber las funciones de los Organismos Públicos Locales.

Pero este plan “A” de reforma constitucional no avanzó, por lo que el 6 de diciembre de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados desechó esa propuesta con 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra. Anticipando ese revés, en noviembre López Obrador anunció su “Plan B”: reformar seis leyes secundarias, pero sin necesidad de modificar la Constitución.

Ahora se buscaban ahorros de hasta tres mil 500 millones de pesos al reducir gastos operativos del INE al reducir de su aparato administrativo, disminuir el número de oficinas distritales del INE de 300 a 264, eliminar al 84.6% del Servicio Profesional Electoral Nacional y permiso a los servidores públicos para realizar expresiones proselitistas en todo tiempo.

Tras ser avalada en el Congreso, el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera parte de esa reforma y. el 2 de marzo de 2023 se difundió la segunda parte, pero también se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de acciones y controversias constitucionales.

Por ello, posteriormente se discutió y declaró anticonstitucional la primera parte del “Plan B” López Obrador, pues la mayoría de los ministros consideró la existencia de “claras violaciones” durante el proceso legislativo.

Ante este falló, entonces López Obrador anunció su plan “C”, consistente en exhortar a la ciudadanía a votar por todos los candidatos de Morena al Congreso de la Unión, lo cual y con la ayuda de la ilegal sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y el cambio de partido de legisladores en la Cámara de Senadores, el partido guinda alcanzó la mayoría necesaria para las reformas constitucionales.

De esta forma el partido mayoritario logró que las propuestas lopezobradoristas hayan avanzado, en particular la reforma al Poder Judicial, donde con una mínima participación ciudadana se votaron a sus nuevos integrantes, elecciones impugnadas por diversos sectores independientes y profesionales por contener gran cantidad de irregularidades.

Ahora, con la propuesta de Sheinbaum se culminarían todas las iniciativas que no fructificaron con López Obrador, aunque aparentemente no resultará sencillo, ya que varios sectores se preparan para expresar sus inconformidades. Pero la mandataria mexicana también tiene una serie de medidas que le permitirían el poder sacar adelante su reforma.

Si bien, inicialmente ha expresado que su idea es eliminar las listas de legisladores plurinominales en ambas cámaras, reducir el presupuesto operativo para las elecciones y recortar el gasto de los partidos políticos, también ha señalado que se respetará la autonomía del INE y que esta institución conserve el padrón electoral.

Para preparar los cambios nombró a Pablo Gómez presidente de la correspondiente comisión, donde participarán colaboradores directos de la presidencia: Ernestina Godoy, de la Consejería Jurídica; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores; y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno; además de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Se informó de la organización de foros para ejecutar los análisis necesarios y elaborar propuestas, creándose los grupos de trabajo necesarios donde se invitaría no solo los identificados como comentócratas especializados, también a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, todos ellos podrán participar con derecho a voz, pero eso sí, sin poder emitir voto.

De igual forma, tanto Sheinbaum como Morena deben considerar que sus propuestas no afecten a sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo, ya que sus votos serán fundamentales para poder alcanzar la mayoría calificada y lograr las pretendidas reformas constitucionales.

Se deberán seguir de cerca esos foros para ver si es que, como ha sucedido, se impone la mayoría morenista o, bien, se aceptan, observaciones y ajustes tanto de la oposición como de órganos y participantes independientes.