Presiona EEUU a México para que extradite a “narcopolíticos”
(Reuters) – El gobierno de Trump está presionando a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Las solicitudes, planteadas al menos tres veces por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos, buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto.
En sus discusiones, los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos del propio partido Morena de Sheinbaum y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas, dijeron dos de las fuentes.
Las conversaciones no habían sido reportadas previamente.
La administración del presidente Donald Trump ha justificado sus declaraciones de aranceles a México, abre una nueva pestaña sobre la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno.
Estados Unidos planteó la solicitud por primera vez en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la reunión, indicaron las cuatro personas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.
Presuntos vínculos con cárteles
Aunque la Fiscalía Federal de México es independiente de la administración de Sheinbaum según la constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles.
Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales son inmunes al procesamiento por la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves como tráfico de drogas o crimen organizado si lo autoriza el Congreso de México.
Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado o pruebas en su contra.
Pero dos de las fuentes dijeron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un ex senador, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
