Alebrijes en Cuadratines
Elecciones en el Poder Judicial.
Adrián Chavarría Espinosa
Según los poderes Ejecutivo y Legislativo no debe existir ningún impedimento a fin de que el próximo primero de junio se efectúen las elecciones de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, aunque para ello se incumplan con los mínimos requerimientos necesarios para que el proceso resulte imparcial, transparente y ofrezca certeza a la ciudadanía.
Y es que sin importar las solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto para obtener los recursos necesarios como para postergar por noventa días la fecha fijada para las elecciones, ambas peticiones han sido denegadas lo cual de ninguna forma resulta positivo.
Vayamos por partes. De acuerdo con sus cálculos, el INE requiere de más de trece mil millones de pesos para organizar adecuadamente todo el proceso, el cual resultará mucho más complicado y oneroso que las elecciones federales.
Tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena, como el coordinador de los diputados federales Ricardo Monreal, y a los senadores Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y Adán Augusto López, coordinador de los senadores, han calificado como “excesivamente exagerada” esa cifra y han demandado reducirlo.
Si comparamos el costo de las elecciones federales desarrolladas este mismo año veremos que resultó ligeramente inferior, ya que el INE gastó 12 mil 428 millones de pesos tanto para de la elección presidencial como de los 628 integrantes de las dos Cámaras del Congreso, donde casi tres mil 371 millones de pesos fueron para gastos de las campañas, tanto de los partidos políticos como de candidatos independientes, por lo que casi nueve mil 58 millones de pesos fueron los invertidos por el INE para la organización de todo el proceso.
Se puede decir que como no se pagarán las campañas de los aspirantes a algún cargo en el Poder Judicial, entonces habría menos gastos pero serán electos 881 juzgadores –464 magistrados de tribunales de circuito, 386 jueces federales, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior además de 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral–, lo cual será un complicado e inédito proceso.
Pero mientras las elecciones federales fueron para tres candidatos a la presidencia, 128 senadores –dos por cada estado– y 300 diputados –en 300 distrititos distribuidos en todo el país –sin considerar a los 32 senadores de primera minoría y a los plurinominales–, pero ahora serán 386 cargos donde se seleccionarán a mil 793 aspirantes, de acuerdo a la lista que se dará a conocer en febrero de 2025, quienes serán votados en todo el país, situación que no resultará sencillo organizar todo este proceso electoral.
Esa es la razón de solicitar los más de trece mil millones de pesos, pero no es el único obstáculo para el órgano electoral, ya que la serie de recursos legales interpuestos en contra de las reformas al Poder Judicial, provocaron que se paralizara la preparación operativa de todo el proceso, motivo por el cual Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, solicitó formalmente a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo se otorgara una prórroga de noventa días para la realización de las votaciones.
Sin embargo. la respuesta fue negativa. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se podría proceder sin problemas con la votación la fecha fijada, el Poder Legislativo advirtió que “no hay margen para su incumplimiento o desobediencia”, por lo que “no es de otorgarse la petición de prórroga a los comicios a realizarse el primero de junio de 2025”.
En una carta firmada por los líderes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dirigida a Taddei, se dijo que desde septiembre, se publicaron las reformas constitucionales al Poder Judicial, por lo cual ya es parte integral de la Constitución y debe cumplirse; además, de darse la prórroga se “crearían más problemas de los que pretende resolver, pues implicaría realizar una nueva reforma constitucional y sólo para cambiar la fecha, y ello implicaría modificar todos los plazos del proceso electivo”.
Lo que omitieron los legisladores morenistas es que ellos han cambiado sin recato alguno a la Constitución y, de acuerdo con abogados especialistas, únicamente se requeriría un artículo transitorio para ajustar tiempos, pero insisten en no aceptar ningún cambio.
La conclusión es que las autoridades no quieren ceder en nada para que todo sea conforme a los deseos fijados por Andrés Manuel López Obrador, cuando estableció el llamado plan “c”, para que todas sus iniciativas fueran aprobadas en el nuevo sexenio.
Tampoco busca un proceso transparente y objetivo, sino simplemente cubrir las presuntas apariencias democráticas con un poder judicial que no debe ser democrático sino imparcial. Lamentablemente toda la sociedad resultará perjudicada y lo comprobará cuando tenga la necesidad de acudir a demandar justicia y solo encuentre juzgadores inexpertos e incapaces de atender sus demandas, sin descartar que además por ello mismo se genere una sobrecarga de trabajo en todos los juzgados.