Maullidos Urbanos
Reforma incompleta
Este martes inició el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, donde entre otras iniciativas se discutirá la polémica reforma judicial, aunque sin reconocerlo abiertamente tanto el gobierno federal como Morena admiten que sí se afectó al Poder Judicial para quedar sometido al Ejecutivo, además de existir una gran cantidad de situaciones irregulares que ahora se pretenden corregir, aunque de ninguna forma será suficiente para mejorar lo dañado.
Se debe recordar que para 2028 se elegirán a cuatro magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito; 385 jueces de Distrito y en los Poderes Judiciales locales: 424 magistrados y dos mil 831 jueces de 25 entidades federativas.
Si bien el objetivo es ganar tiempo y reducir presión para la organización del proceso electoral de 2027, expertos y consejeros electorales admiten la necesidad de que los legisladores analicen las propuestas del INE para darle funcionalidad y certidumbre al proceso electoral, como la apertura a financiamiento de candidatos, mejorar el escrutinio y cómputo de los votos y definir el uso de los acordeones, temas de discusión durante el proceso de 2025.
Y es que cuando entraron en funciones los integrantes electos del Poder Judicial, se evidenció que gran cantidad de ellos no respondieron a las expectativas de tener una mejor impartición de justicia, situación que deben tener en cuenta los legisladores al momento de debatir la correspondiente iniciativa.
Sucede que diversos funcionarios electos han renunciado bajo diversos argumentos, pero la realidad es que muchos de ellos no resultaron ser los ni los mejores ni los más adecuados para esos cargos, ya que gran parte de ellos o son simpatizantes o seguidores de Morena y de la cuarta transformación, lo cual no los hace mejores juzgadores.
El ejemplo más reciente es el de Blanca Diva Ponce Caro, jueza penal en Sonora, quien renunció al cargo tras tomar protesta como dirigente seccional de Morena en Ciudad Obregón, razón por lo cual el comité estatal de ese partido anunció que también se le retiró la militancia, al afirmar que desconocían sus actividades como impartidora de justicia.
Es decir, si como abogada desconocía algo tan elemental que la Constitución Política de Sonora establece restricciones para que jueces en funciones ocupen otros cargos, empleos o comisiones, con el objetivo de preservar la independencia judicial, entonces sencillamente no estaba capacitada para poder juzgar y aplicar la ley de forma objetiva y acertada.
La realidad es que mientras permanezcan Morena y los seguidores de la cuarta transformación como gobierno, el Poder Judicial no podrá ser veraz ni eficiente, según las necesidades de justicia que demandan los mexicanos, además de generar tranquilidad entre los empresarios e inversionistas, quienes no confían en que en caso de un conflicto legal obtengan un juicio realmente imparcial.
Resta esperar que será lo que finalmente aprueben los legisladores federales para anticipar cuántos errores originales se corrigieron o solamente fue el cambio de fecha de la elección judicial, pero sin realmente mejorar las condiciones para que se aliente, primero, el interés ciudadano por participar y, después, aceptar los resultados finales.
