Maullidos Urbanos


Incongruencias en el INM
En estos momentos, cuando el gobierno de México dice estar preparado para enfrentar la posible deportación de connacionales desde Estados Unidos, algo raro sucede en el Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia responsable de atender y resolver esta problemática social: la existencia de dos comisionados o titulares de ese organismo.
Sucede que mientras Francisco Garduño Yáñez, designado como comisionado desde el 14 de junio de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en el cargo, a pesar de que Sergio Salomón Céspedes fue designado por Claudia Sheinbaum como su relevo aun antes de terminar su gestión como gobernador de Puebla, lo cual sucedió el 13 de diciembre de 2024, pero sin asumir totalmente su nueva responsabilidad.
Ante ello existen dudas: ¿cómo opera esa institución con dos titulares? Por lo tanto. los subordinados ¿a quién responden, de quien reciben órdenes y rinden informes? De ambos, ¿quién informa a Sheinbaum y ordena y ejecuta los acuerdos? Además, en esta “época de austeridad ¿a ambos se les paga el mismo sueldo y se les cubren sus viáticos?
Lo increíble no es que Garduño Yáñez continúe en la nómina del gobierno federal, acción que parece ser una forma de protección oficial a pesar de su pésimo desempeño, ya que es investigado por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, donde murieron al menos cuarenta personas y otras 26 resultaron gravemente heridas.
Por esta investigación se le sigue un proceso penal en esa ciudad fronteriza, donde busca por tercera ocasión suspenderlo, a lo cual se han opuesto organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, quienes además denunciaron irregularidades en el caso. Incluso se le ha acusado de gastar 81 millones de pesos del presupuesto del INM en viáticos para viajar a Juárez a fin de acudir a las correspondientes audiencias legales.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Sin Fronteras IAP, La 72 y Asylum Access México, entre otras organizaciones, consideran que en la gestión de Garduño “se ha impulsado una política de contención y militarización”, contribuyendo a una mayor violencia y delitos cometidos contra migrantes y sujetos de protección internacional”, por lo que demandaron se asegure la imparcialidad en las investigaciones sobre el incendio, subrayando que el proceso no debe condicionarse a intereses políticos o partidistas.
Lo más saludable tanto para que al gobierno federal no se le va como protector de una persona sujeta a un proceso penal, así para enfrentar las políticas migratorias de Donald Trump. sería que Garduño se separe definitivamente del INM, pero esa es una decisión que debe tomar la presidenta Claudia Sheinbaum y, ojalá, no tarde demasiado en definirse.