Maullidos Urbanos

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Lagunas en extinción de órganos autónomos

Con la aprobación del Congreso de Yucatán a la reforma constitucional que avala la extinción de siete órganos autónomos, ya suman los 17 necesarios para que la presidenta Claudia Sheinbaum firme el decreto correspondiente y, posteriormente, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para su correspondiente promulgación.

Los congresos que aprobaron las reformas fueron los de Tabasco, Oaxaca, Zacatecas, Sonora, Ciudad de México, Nayarit, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Colima, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Campeche y Yucatán, pero el de Baja California, de mayoría morenista, la rechazó al considerar que podría derivar en “decisiones arbitrarias y sin imparcialidad”, mientras los de Chihuahua afirmaron que se viola en derecho a la información.

Los órganos que pasarán a dependencias federales son los institutos Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Federal de Telecomunicaciones; las comisiones de Desarrollo Social, la Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Federal de Competencia Económica, la Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Para desaparecer al INAI se argumentaron duplicidad de funciones, resultar oneroso, carecer de legitimidad democrática, burocrático y, finalmente, que sirve a intereses privados y ahora sus funciones se transferirán a la próxima Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sin embargo, la realidad ha demostrado otra cara, ya que a pesar de que los morenistas no quieran reconocerlo, este órgano sirvió para hacer públicos diversos hechos de corrupción desde su creación en el sexenio de Vicente Fox –como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública– hasta el de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre expresó su molestia por sus investigaciones y fue el principal impulsor para su eliminación.

Hay pendientes varios puntos, como el destino de casi quince mil millones de archivos, el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, reglas para pedir información, protección de datos personales y cómo se resolverán quejas, peticiones y sanciones, además no se ha definido qué pasará con el actual personal, pese a las promesas de que no serán afectados.

De acuerdo con especialistas, esta desaparición deja “vacíos” no considerados en la reforma constitucional y, por ello, será necesario afinar los detalles en las normas secundarias, como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Ahora solo resta esperar a ver cómo operarán esas “nuevas” dependencias federales.

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