Maullidos Urbanos

Permite TEPJF promocionar elecciones judiciales

Sin sorpresas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó revocar la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE), para que la Presidencia, legisladores, gobernadores y servidores públicos en general, impulsen el voto ciudadano para la elección judicial, con la condición de no impulsar alguna candidatura en particular.

Lo anterior se decidió en una donde hubo enfrentamientos entre los magistrados, donde la medida se avaló con los votos a favor emitidos por Mónica Soto –magistrada presidenta–, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y en contra los de Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Aunque Otalora recordó que el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su apartado 1 señala que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”, su argumento fue rebatido y desestimado.

Soto se dijo desconcertada porque el INE emitió un acuerdo que, en su opinión, limita la participación ciudadana y, es más, expresó: “Me siento sorprendida, un poco contrariada, por este posicionamiento que se hizo en el INE en la toma de este acuerdo donde pareciera que está buscando llevar una elección silenciosa” y puntualizó: “No le estamos dando la vuelta a la Constitución, estamos dando paso y dando viabilidad a lo que ella establece”.

Mientras Fuentes opinó que la Constitución no exige un “silencio absoluto” ni “exclusividad injustificada”, como planteó el órgano electoral, por su parte de la Mata, ponente del proyecto, afirmó que las elecciones judiciales tienen una naturaleza distinta a las del Congreso o Ejecutivo, por lo que no se pueden equiparar las mismas prohibiciones.

En fin, el Tribunal Electoral ya accedió a los ilegales deseos morenistas de poder, según ellos, promover la participación ciudadana, pero lo que se puede esperar es que de forma encubierta e ilegal, promuevan a candidatos que sean favorables a su ideología y propósitos.

Aunque el INE ha intentado fijar algunos límites a los intereses de las autoridades federales y del actual partido mayoritario, sus esfuerzos son vanos ya que regularmente el Tribunal Electoral se ha especializado en anular esos intentos de contenciones legales.

Ahora solo restará ver cómo las diversas autoridades promoverán sus “campañas” para promocionar las elecciones judiciales a fin de legitimarlas ya que, como se ha mencionado anteriormente, existe un real desinterés ciudadano para acudir a las urnas el primero de junio.