Regulación justa para la Seguridad Social de Plataformas Digitales: ICC México
Con el objetivo compartido con el Gobierno de México de proporcionar acceso a la seguridad social a los conductores y repartidores de plataformas digitales, a través de la reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la International Chamber of Commerce México (ICC México) subraya la importancia de no apresurarse. Propone analizar todas las perspectivas, incluida la económica, y asegura que todos los actores deben participar en el debate. Además, presenta cuatro recomendaciones para crear una legislación que impulse la economía del país y avance en el objetivo social de la reforma.
La ICC México advierte que la implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos y propone considerar detenidamente los diferentes enfoques que para regular la relación entre plataformas y trabajadores han adoptado otros países. Tal es el caso de España, con la Ley Rider, que adoptó un modelo laboral tradicional, reduciendo las fuentes de ingresos para miles de personas repartidoras. En contraste, California y Chile han construido soluciones que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social. Asimismo, hoy Brasil y Colombia analizan en sus congresos iniciativas que buscan conciliar la independencia con la protección social.
ICC México también subraya que regular este modelo bajo un esquema tradicional podría resultar en la pérdida de empleos como resultado de una contracción del tamaño del sector. Asimismo, la propuesta podría afectar de manera importante al sector restaurantero y a las MiPyMEs, que han prosperado significativamente gracias a estos servicios. Un aumento en los costos de los servicios de las plataformas podría traducirse en una disminución en las ventas en un 30% para estos negocios, afectando la economía local y la generación de empleo.
Ante la loable intención de brindar mayores protecciones sociales a los prestadores de servicios a través de plataformas, la ICC México sostiene que es crucial encontrar un equilibrio que facilite el acceso a la seguridad social sin comprometer su independencia y flexibilidad, a la vez que se impulse el desarrollo y fortalecimiento de las plataformas para que continúen siendo un pilar en el desarrollo económico del país. Para lograr esto, la ICC México ha elaborado cuatro recomendaciones fundamentales a la Iniciativa de Ley que ha planteado el Gobierno de México:
- Preservar la figura de trabajadores independientes: La ley debe incluir una definición precisa de los criterios que distingan entre aquellos trabajadores independientes que prestan servicios ocasionalmente, de aquellos que serán considerados trabajadores bajo el nuevo modelo planteado por la reforma.
- Reconocimiento de gastos operativos: Es fundamental que la legislación reconozca que los repartidores y conductores invierten en vehículos, gasolina, mantenimiento, teléfonos inteligentes con plan de datos y otros gastos operativos, por lo que la base de contribución a la seguridad social debe ser calculada sobre sus ganancias netas.
- Esquema fiscal justo: La reforma debería evitar modificar el régimen fiscal especial para repartidores y conductores a un esquema tradicional que incrementaría drásticamente su carga impositiva.
- Protección de la propiedad intelectual: La reforma debe contemplar mecanismos que den certeza y claridad sobre la operación de la plataforma, sin que ello comprometa la propiedad intelectual con la que operan las empresas de tecnología.
Dado que el futuro de la regulación del trabajo en plataformas digitales en México está en juego, la ICC México hace un llamado a la colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados en este proceso, reconociendo que es esencial que se consideren las experiencias de otros países donde se han llevado a cabo procesos de diálogo constructivos que han resultado en soluciones efectivas.
La ICC México reitera su disposición para contribuir al desarrollo de un marco legal que sea viable y justo para todas las partes involucradas.
